Y entonces, éste contesta con un discurso de 90 segundos que no es sino un reflejo de su estratagema política ante la crisis: decir una cosa y su contraria casi sin solución de continuidad. Así, primero, defiende la medida pues "permite mejorar los ingresos del Estado y reducir el déficit". Hasta ahí lo correcto. Luego, comienza con las medias verdades. La iniciativa no afecta a los trabajadores (pero sí a su renta disponible, siendo la propensión del ciudadano al consumo mayor cuanto menor es la misma), ni a la actividad de las empresas (pero sí a sus márgenes ya que no pueden repercutirlo en los precios finales en un entorno de baja demanda), mantiene el tipo por debajo de los niveles medios de imposición indirecta europeos (que, en algunos casos, corresponden a naciones con menor peso del consumo en su PIB, detalle que se olvida) y no hace daño a las exportaciones (como si la competitividad fuera un factor aislado, independiente de la normativa interna). Y entonces el remate final: "le voy a dar un dato" -tiembla McCoy, redoble de tambores-, "con lo que vamos a recaudar de IVA desde junio hasta final de año, podemos pagar la prestación de 500.000 personas desempleadas". Por favor, el electroshock que me da un jamacuco. Pero
¿no era el objetivo reducir el déficit? Pues no, desengáñense, lo importante es la cohesión social y hacer frente con la mayor recaudación a los gastos corrientes que la Administración tiene comprometidos. Que el voto es el voto, oiga.
Las implicaciones de este tipo de imprudentes declaraciones son múltiples. De ahí que me extrañe que nadie se haya parado a reflexionar sobre ellas de forma detallada. En primer lugar ponen de manifiesto de cara a los mercados internacionales -que son los que nos han puesto, nos guste o no, en el punto de mira- la inconsistencia de la estrategia de nuestro Ejecutivo, incapaz de dotar de la necesaria cohesión hacia un objetivo común a las 137 proposiciones desarrolladas hasta ahora, ni una más, ni una menos (Zapatero dixit). Unir mayor presión fiscal con sostenimiento del aumentado Estado del Bienestar, como consecuencia de la crisis, chirría en el entorno de apremio por parte de socios, conocidos y enemigos para que España reequilibre sus cuentas públicas como el actual. El hecho de que se tratara de una frase, sin duda, preparada pone de manifiesto el grado de incompetencia del Gabinete de Comunicación de Moncloa, incapaz de percibir quienes son, a día de hoy, los destinatarios últimos de los mensajes: aquellos que cuestionan la solvencia y credibilidad de nuestro país. Algún malhadado dirá, "ves McCoy, es hablar ZP y caer la bolsa; podía quedarse calladito", aunque es verdad que al final llovió bursátilmente menos de lo que parecía por la mañana. No soy tan malvado como para establecer tal asociación pero está claro que alguien aquí no se ha dado cuenta de dónde está el foco de atención y sigue soltando frases para el recuerdo a su aire.
En segundo lugar, resulta evidente que, cuando el aumento de recaudación tributaria se produce vía tipo de aplicación y no mejora de la actividad, el gravado tiene que tener claro que ese sacrificio adicional que se le exige encuentra compensación en forma de contraprestación presente o futura. Es el pacto implícito subyacente a cualquier sistema tributario, acuerdo tácito que cobra especial vigor en tiempos de escasez como los actuales. Una premisa que se rompe en el supuesto planteado por el Presidente del Gobierno, donde prima la mera transferencia de rentas entre trabajadores y desempleados frente a la gestión eficaz de los limitados recursos. Siendo así, el Estado desvirtúa su papel ya que se convierte en un mero intermediario sin ánimo de lucro. Para este viaje no hacían falta alforjas. No sólo eso, fomenta el subsidio como modo de vida frente a la iniciativa privada. Indudablemente existe un argumento de cohesión social. Pero la misma se puede lograr, bien de forma pasiva, dinámica que parece haber adoptado nuestros gobernantes, o de modo activo, promoviendo políticas que faciliten la creación de empleo, gracias al fomento de la educación, la especialización y la innovación. Una elección peligrosa. No estamos como para dar excusas a la insumisión fiscal.
En tercer y último término están los parados, teóricos beneficiarios de la propuesta presidencial. Esperemos que carezcan de la candidez imprescindible como para comprar sus argumentos. Y es que el IVA es un impuesto no progresivo, que grava por igual con independencia del nivel de ingresos. Miento, tal y como hemos señalado con anterioridad, es más bien un tributo regresivo precisamente por el hecho de que las rentas bajas son las que más consumen en términos porcentuales respecto a su disponible, con la salvedad, cierta, de que tales compras se concentra en bienes de tipo reducido. Por tanto, al final lo que el Gobierno está haciendo es darles con la mano derecha lo que recauda de ellos con la izquierda, resultado de su gasto de subsistencia. ¿Cómo lo ven? Al final si sustituyéramos prestación por la devolución de la recaudación nos ahorraríamos estos fuegos de artificio. ¿Es eso lo que propone realmente Zapatero? Ta tenemos la Exclusiva. El problema es que, para los que hemos defendido la oficialización, vía amnistía a la italiana, vía incentivos a la declaración, de la economía sumergida nos estrellamos ante medidas de este tipo que fomentan, precisamente lo contrario. Pero, amigos, es lo que hay. Mientras miremos hacia otro lado cuando nuestro Primer Ejecutivo dice dislates como los del lunes, poco podremos hacer. Al menos, desde aquí, intentaremos ponerle frente a sus vergüenzas. Me temo que será en vano.
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